El mundo ha logrado avances notables en materia de seguridad hídrica durante las últimas dos décadas. La tarea ahora consiste en pasar de esos avances constantes y lineales al progreso exponencial que exige el acceso universal. El acelerador menos reconocido es la atención sostenida y orientada a la acción de los legisladores que redactan nuestras leyes y aprueban nuestros presupuestos.
En 2026, existen motivos reales para el optimismo en el sector del agua. En las últimas dos décadas y media, alrededor de 2200 millones de personas —casi una cuarta parte de la humanidad— obtuvieron acceso a agua potable gestionada de forma segura. Ese es uno de los grandes logros de salud pública de nuestra era, y el resultado de una inversión sostenida, mejor ciencia y el trabajo diario de empresas de servicios públicos, ingenieros y ministerios en todo el mundo.
Pero la labor dista mucho de estar terminada. Hoy, 2100 millones de personas siguen careciendo de seguridad hídrica. Con poco más de cuatro años restantes para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 —agua potable y saneamiento para todos antes de 2030—, las tendencias actuales no nos llevarán a la meta a tiempo.
Nuestro progreso, por impresionante que sea, ha sido en gran medida lineal, cuando la magnitud del desafío y las necesidades de las comunidades más vulnerables del mundo exigen que sea exponencial. Cada año conectamos a más hogares y ponemos en marcha más plantas de tratamiento; cada año el crecimiento demográfico, la volatilidad climática y el envejecimiento de la infraestructura compensan buena parte de esa ganancia. La pregunta que debería ocuparnos no es si avanzamos, sino cómo avanzar más rápido. En algún momento futuro, todos los habitantes del planeta tendrán acceso al agua potable. ¿Cómo podemos acercar esa fecha al presente?
El conocimiento para resolver estos desafíos existe. La ingeniería existe. Los instrumentos financieros existen. Lo que falta es priorización política –liderazgo político, no voluntad política.
Los ministros gobiernan a discreción de los parlamentos
Los ministros de agua, obras públicas e infraestructura ofrecen un bien público de extraordinaria complejidad. Sin embargo, lo hacen únicamente con las facultades que les otorgan sus asambleas legislativas: las leyes vigentes y los fondos asignados en el presupuesto. Un ministro de agua no puede gastar un solo chelín que el parlamento no haya asignado, ni hacer cumplir una norma que el parlamento no haya habilitado. Los ministerios técnicos, en otras palabras, actúan a discreción de los legisladores. Cuando los legisladores priorizan el agua y aprueban las leyes habilitantes, protegen las partidas presupuestarias y exigen cuentas al poder ejecutivo, esos ministerios pueden avanzar más rápido.
Los legisladores, a nivel nacional y subnacional, poseen tres facultades que ninguna otra institución tiene: redactan las leyes, votan los presupuestos y ejercen la rendición de cuentas. La legislación, el financiamiento y la fiscalización son el motor del progreso en el sector del agua. Y, sin embargo, en buena parte de la conversación mundial sobre el agua, el poder legislativo sigue tratándose a menudo como un tema secundario.
Reforzando los puentes entre la evidencia y la política pública
Los cimientos ya están colocados; en la mayoría de los países ya existen relaciones de trabajo entre los ministerios técnicos y los representantes electos. Necesitamos fortalecer y utilizar esas colaboraciones de manera más deliberada para acelerar el progreso en el sector del agua. Lo mismo ocurre con la relación entre la evidencia y la política pública. El sector del agua produce una abundancia de excelente ciencia, pero muy poca de ella llega a las salas de comité donde realmente se toman las decisiones. Denis Naughten, ex diputado irlandés y defensor de larga data de acercar la investigación a la formulación de políticas, ha planteado el desafío con claridad: científicos y políticos comparten el objetivo de una sociedad mejor, observa, pero con demasiada frecuencia hablan idiomas distintos, y la investigación corre el riesgo de quedar “sepultada en publicaciones académicas” en lugar de dar forma a la política pública. “Este”, dice sobre la brecha entre la evidencia y la toma de decisiones, “es el puente que debemos construir”.
Los legisladores están en una posición privilegiada para construir ese puente. Son quienes pueden convertir las ideas en acción acelerada, y la evidencia en leyes y presupuestos, y velar por que se implementen correctamente.
Dos llamados a la acción
En el Segmento Parlamentario del proceso preparatorio del 11.º Foro Mundial del Agua, celebrado en Jeddah, Arabia Saudita, en junio de 2026, ese argumento se cristalizó en dos llamados a la acción claros por parte de la Global Parliamentary Water Network —uno dirigido al sector del agua y otro a los propios legisladores.
El primero se dirige al sector del agua: acercarse y fortalecer las relaciones con el poder legislativo. Demasiados encuentros sobre el agua todavía se celebran sin un solo legislador presente en la sala; demasiadas estrategias nacionales de agua se elaboran sin consultar a las comisiones parlamentarias a las que después se les pedirá que las financien. El agua es política —las leyes son políticas, los presupuestos son políticos— y los líderes que redactan esas leyes y votan esos presupuestos deben estar en la mesa, informados y consultados desde el primer día. Asegúrense de que los datos lleguen a las manos correctas y trabajen con los legisladores para traducirlos en acción legislativa. Y no se detengan en los parlamentos nacionales: los gobernadores, alcaldes y concejales supervisan las empresas de servicios públicos locales y los presupuestos municipales más cercanos a las comunidades a las que servimos.
El segundo llamado se dirige a los legisladores: presentarse, y luego hacer el trabajo más difícil. Presentarse en ONU-Agua 2026, en el Foro Mundial del Agua en Riad en 2027, y en nuestras propias salas de comité y oficinas de circunscripción al regresar a casa, es solo el comienzo. El trabajo más difícil es la colaboración: sentarse con los ministros de agua, finanzas y salud no como adversarios sino como aliados en la aceleración; involucrar a las organizaciones de la sociedad civil que conocen nuestras comunidades; y abrir la puerta al financiamiento privado, sin el cual la brecha de financiamiento nunca se cerrará del todo. En Uganda lo describimos como un banco de tres patas —legisladores electos, funcionarios técnicos y sociedad civil, trabajando juntos. Cuando las tres patas son fuertes, el banco se sostiene. Cuando falta una, se derrumba.
Adelantándonos a las amenazas
El premio por hacer esto bien no es abstracto. Las sequías llegarán, pero las hambrunas son opcionales. La hambruna es, en gran medida, un fracaso de política pública y de preparación. Las inundaciones llegarán, pero un brote de cólera tras ellas no es un destino inevitable, sino un fallo prevenible en la preparación. Los legisladores pueden llevar a sus países a adelantarse a estas amenazas en lugar de responder eternamente a ellas: construyendo resiliencia antes de la temporada seca e integrando el agua y el saneamiento resilientes en los sistemas de salud antes de que suban las aguas de las inundaciones. Esto es lo que distingue al liderazgo político genuino de la mera voluntad política.
La voluntad política es un sentimiento; el liderazgo político es una práctica —la disciplina de dirigir recursos escasos hacia un desafío antes de que se convierta en una crisis. El cambio de lo lineal a lo exponencial llegará cuando veamos más liderazgo genuino.
Cuando los parlamentos priorizan el agua, los resultados son tangibles: leyes más sólidas, presupuestos más amplios y fiables, y rendición de cuentas sostenida en materia de agua, saneamiento e higiene —no solo en los hogares, sino en los centros de salud y las escuelas donde la falta de agua es indefendible. Considérese que se estima que 17 millones de mujeres dan a luz cada año en centros de salud sin agua, saneamiento e higiene adecuados. En 2026, eso es inconcebible —y es precisamente el tipo de injusticia que una asamblea legislativa decidida puede ayudar a erradicar. Los legisladores pueden asegurarse de que todo centro de salud donde nace un niño tenga agua corriente. Pueden garantizar que toda escuela tenga agua potable segura. Y pueden garantizar que sus gobiernos estén debidamente preparados para la diplomacia transfronteriza que el agua exige cada vez más.
El agua no conoce fronteras
Porque el agua no respeta las fronteras. Los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos representan alrededor del 60 % de los flujos de agua dulce del mundo, y 153 países comparten al menos una cuenca internacional; sin embargo, solo alrededor de una quinta parte de esos países cuenta con acuerdos operativos para gestionar sus aguas compartidas. A medida que se intensifica la escasez, la calidad de ese diálogo transfronterizo ayudará a determinar si las aguas compartidas se convierten en una fuente de cooperación o de conflicto. También aquí los legisladores tienen un papel que desempeñar: financiando y mandatando un cuerpo profesional de diplomáticos del agua, ratificando los acuerdos que rigen las cuencas compartidas e insistiendo en que sus países lleguen preparados a la mesa de negociación. Cuando los parlamentos priorizan el agua, liberan los recursos humanos, financieros y técnicos de los que depende toda esta labor —tanto para el agua, el saneamiento y la higiene en el ámbito doméstico, como para la diplomacia del agua en el ámbito internacional.
La arquitectura para todo esto ya existe, y está madurando. La Unión Interparlamentaria reúne a las asambleas legislativas nacionales del mundo; la Commonwealth Parliamentary Association conecta a los parlamentos de más de 180 jurisdicciones; Climate Parliament moviliza a los legisladores en torno a la energía, el clima y el agua; y redes como ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) conectan a los alcaldes y concejales en primera línea. Junto a ellas, la Global Parliamentary Water Network se funda en una convicción sencilla: los parlamentos redactan las leyes y aprueban los presupuestos que pueden acelerar el progreso. La tarea no es crear una nueva institución, sino conectar y fortalecer las que ya tenemos, y orientarlas, juntas, hacia el agua.
El progreso acelerado no proviene de los comunicados. Proviene de una ley aprobada en una asamblea nacional, una partida presupuestaria aprobada en comisión, una gobernadora que resuelve que todo centro de salud de su distrito contará con agua potable, saneamiento adecuado y estaciones de lavado de manos en un plazo de cinco años. Mientras los líderes mundiales del agua se preparan para reunirse en Abu Dabi a finales de este año, y en Riad en 2027, nuestra esperanza compartida es modesta en su forma y ambiciosa en su fondo: que el poder legislativo se encuentre no al margen de esos encuentros, sino en su centro —y que los puentes que reforcemos allí, entre la evidencia y la política pública y entre el liderazgo técnico y el político, sean los que finalmente nos lleven de un progreso lineal a uno exponencial.
Este artículo de opinión fue publicado originalmente por The Water Diplomat el 6 de agosto de 2026.